Legalidad y justicia

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Una sentencia reciente, que no es firme y que puede ser recurrida, ha establecido una pena de dos años de prisión para seis de los ocho encausados por los sucesos de la avenida de Eladio Perlado en agosto de 2005.

Primera aclaración: No puede hablarse de condena hasta que una sentencia firme resuelva todos los recursos que pueden presentarse. Todavía no contamos con la verdad judicial sobre lo acontecido.

Sí que tenemos, por el contrario, sentencia judicial firme sobre los antecedentes que riginaron el litigio. Pues bien, el contrato del
Ayuntamiento con la empresa adjudicataria el concurso para la construcción del parcamiento ha sido declarado ilegal por medio de una sentencia firme, es decir, definitiva. Conclusión irrebatible: los únicos que, hasta ahora, han incumplido la ley son el alcalde y el grupo municipal del PP que aprobaron un contrato ilegal.

No cabe duda de que, si no lo hubieran hecho, no se habrían producido protestas vecinales y, en consecuencia, no habría habido enfrentamiento alguno con la policía. Es decir, si el Ayuntamiento hubiera
respetado la ley, ningún vecino habría tenido problemas de ninguna clase. Pues bien, el alcalde y su grupo no sólo hicieron lo que no debían sino que después, además, retendieron volcar su frustración sobre los acusados
manteniendo una acusación particular en la que solicitaban que fueran encarcelados durante ocho años.

El Grupo Socialista se opuso siempre a todo esto y reclamó, siempre que pudo, la retirada de la acusación particular. Ahora se solidariza una vez más con los vecinos, poya la revisión de la sentencia hasta conseguir la declaración de inocencia de todos los acusados, no se enorgullece del  comportamiento de todos los policías locales que intervinieron y, finalmente, denuncia una vez más al alcalde por su actitud, tan provocadora como revanchista, ante unos hechos de los que es el único responsable.